España está en crisis política.
Nuevos escándalos de corrupción ha sacudido una vez más al gobierno en Madrid, con el partido del presidente Pedro Sánchez (PSOE) enfrentando su peor crisis desde que llegó al poder en 2018.
Los altos funcionarios del PSOE de Sánchez y familiares han estado involucrados en un esquema de corrupción masiva que involucra la adjudicación irregular de contratos públicos a cambio de sobornos.
La llamada Operación Delorme (a menudo llamada Caso Koldo en España), lanzada por la Unidad Operativa Central (UCO) de élite de la Guardia Civil y coordinada con la fiscalía anticorrupción, investiga la supuesta manipulación de los procedimientos de adquisición de emergencia durante la pandemia de Covid-19.
Lo que comenzó como una investigación sobre las compras irregulares de máscaras de la era de la pandemia se ha expandido rápidamente a un escándalo político más amplio, que aún está lejos de terminar y que va creciendo a medida que avanzan las investigaciones. A todo esto hay que añadir los casos de su esposa, de su hermano, de Leire Díez….
La investigación se ha expandido mucho más allá de la contratación pública de salud, lo que incluso provocó una investigación de alto nivel sobre el posible uso indebido de los fondos de la UE liderados por la fiscalía europea (EPPO). El organismo europeo de lucha contra el fraude, Olaf, también participa en la investigación.
El caso de las máscaras resultó ser solo la punta del iceberg, ya que los investigadores han descubierto un sofisticado esquema de corrupción que involucra el fraude de licitación para lucrativos contratos de infraestructura regional y nacional, lavado de dinero e influencia política coordinada.
Y cuanto más profunda es la investigación, más difícil es para Sánchez justificar no estar al tanto de lo que estaba sucediendo.
Sánchez, que hasta ahora ha tratado de distanciar al partido del escándalo enmarcándolo como la mala conducta aislada de unos pocos individuos, se ha disculpado con los votantes españoles y del PSOE. Pero se ha negado a renunciar o convocar a elecciones, como exigen los opositores políticos de centro-derecha (el partido del PP) y el ultraderechista Vox.
Sin embargo, está claro que la investigación en curso (y su resultado final) podría socavar significativamente la credibilidad del PSOE y afectar los resultados de las próximas elecciones.
Todo esto se adelanta a las duras semanas en el ámbito internacional. Primero en la cumbre de la OTAN en La Haya, donde España ha rechazado las demandas de Trump de establecer un nuevo objetivo de gasto de defensa del cinco por ciento, y luego en el Consejo Europeo de Bruselas.
Sin embargo, está claro que la investigación en curso (y su resultado final) podría socavar significativamente la credibilidad del PSOE y afectar los resultados de las próximas elecciones.
Todo esto se adelanta a las duras semanas en el ámbito internacional. Primero en la cumbre de la OTAN en La Haya, donde España ha rechazado las demandas de Trump de establecer un nuevo objetivo de gasto de defensa del cinco por ciento, y luego en el Consejo Europeo de Bruselas.
¿Estado de derecho en riesgo?
Esta semana, el Parlamento Europeo celebró un debate sobre el Estado de Derecho en España, durante el cual el comisionado de la UE, Michael McGrath, instó a Madrid a reforzar la independencia de su fiscalía.
Según el sistema actual, el fiscal general de España es nombrado por el gobierno, lo que plantea preocupaciones en Bruselas sobre la falta de independencia y autonomía de la fiscalía, como se señala en el último informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho.
El debate fue provocado en parte por una decisión preliminar del Tribunal Supremo de España de procesar al fiscal general designado por el gobierno por acusaciones de que filtró información confidencial a los medios sobre un delito fiscal de la pareja de un opositor político.
Sin embargo, gran parte del debate en Estrasburgo no fue solo sobre este episodio. En cambio, giró en torno a los últimos escándalos políticos que envolvieron al gobierno de Sánchez: desde acusaciones vinculadas a la Operación Delorme, hasta preguntas sobre la ley de amnistía catalana, la interferencia judicial y la integridad de su propio partido.
